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Experto comentó que la ley infringe principios constitucionales como la jerarquía normativa, la libertad de contratar y contractual, el principio de seguridad jurídica, entre otros….

Experto comentó que la ley infringe principios constitucionales como la jerarquía normativa, la libertad de contratar y contractual, el principio de seguridad jurídica, entre otros.

El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el mes pasado el Decreto Supremo que modifica la Ley General de Inspección del Trabajo, mediante el que incorpora infracciones para empresas que no utilicen de manera adecuada la tercerización laboral bajo nuevos parámetros.

El decreto va en contra de los beneficios que busca lograr, dado que las nuevas normas incrementarán los costos de las empresas. Ello impacta de manera directa en los empleos formales de los trabajadores tercerizados, así como las empresas que realizan este servicio.

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Camila Ghezzi, jefe de políticas económicas en Apoyo Consultoría, comentó en el webinar “Restricciones a la tercerización laboral en el Perú. Impactos y retos”, organizado por AmCham; que la ley actual pone en riesgo la continuidad de 100.000 puestos de trabajo en un escenario conservador.

La consultora realizó una encuesta para AmCham, en la que participaron aproximadamente 300 empresas. Según el estudio, el 80% de los trabajadores tercerizados hoy no serían contratados por las empresas a las que le realizan los servicios. Esto es, ni más ni menos, mayor desempleo latente en un país con enormes necesidades de inclusión social.

La ley no solo pone en riesgo a los trabajadores sino también a las empresas que brindan los servicios de tercerización. Según André Cossio, asociado del Rubio Leguia Normand, la actual ley es algo confusa en aclarar qué se puede o no tercerizar y podría incluir actividades como servicio de comedor o limpieza, en el que existen empresas especializadas para brindar el servicio. Según Apoyo, la continuidad de estas empresas también estaría en riesgo si es que se mantiene la ley.

Más allá del impacto económico perjudicial que ya está empezando a originar la aplicación de la ley, su aplicación es inconstitucional. Bruno Marchese, socio del Rubio Leguía Normand, comentó durante el webinar que la ley infringe principios constitucionales como la jerarquía normativa, la libertad de contratar y contractual, el principio de seguridad jurídica, entre otros. Por ello, es necesario que la ley sea derogada y se busquen otras alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados tercerizados.

En lugar de la ley actual se podrían realizar mejores prácticas como la de Colombia. Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, explicó cómo funcionaba las leyes de este tipo en el territorio colombiano. Entre lo más resaltante, se incluye la obligación de que los contratos se den solo a través de empresas tercerizadoras y que se incluyan todos los beneficios laborales que ello involucre. Por su parte, Ghezzi de Apoyo Consultoria recomienda que los trabajadores tercerizados también reciban beneficios económicos como las utilidades pues también ayudan en resultado de estas.

Cabe resaltar que hoy la tercerización es bastante importante para las empresas peruanas. Según la encuesta de Apoyo Consultoría, el 82% de las empresas peruanas realiza actividades que requieren de tercerización laboral. Estos números se vuelven más altos si se consideran sectores extractivos como minería, energía o hidrocarburos donde el número incrementa a 91%.


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Fuente: Capitalhumano.pe

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